El año pasado, Obama ordenó a 15 jefes de agencias que encontraran formas de reducir el gasto en 100 millones de dólares en total, que por entonces eran 13 minutos (0,0029%) de gasto federal. Su nueva propuesta de revocación también es del repertorio de frugalidad, y es igual de frívolo.
Barack Obama, un escéptico en plena genuflexión ante el altar de la austeridad, solicita al Congreso, como hacen los presidentes, que le proporcione una especie de veto a las disposiciones legislativas individuales. Surgida en el actual contexto de su implacable programa de ampliación de la administración, su propuesta constituye una falsa promesa de ser riguroso con el control del gasto y el déficit. Su propósito es distraer a la opinión pública mientras los Demócratas promulgan una especie de Estímulo III.
La Ley de Reducción del Gasto Superfluo de Obama confirma el axioma de que los nombres de los anteproyectos legislativos, al igual que los títulos de las películas de los hermanos Marx ("Sopa de ganso", "Plumas de caballo"), son puramente testimoniales. La ley agravará una distorsión de la Constitución que se ha cultivado durante siete décadas, ampliando las competencias presidenciales al permitir que los presidentes traten los anteproyectos de gasto igual que restaurantes de autoservicio de los que pueden servirse lo que les gusta y dejar lo demás.
Bajo la propuesta de Obama, los presidentes elaboran una relación de proyectos de interés general dudoso, y entonces el Congreso tendría que aceptar o rechazar, por mayoría simple, su lista entera, que no podría ser vetada legislativamente. Esto podría ser, o podría no ser, constitucionalmente problemático.
Desde luego no reduce el gasto deficitario: Bajo la propuesta del presidente, si el Congreso tumba los proyectos contenidos en la lista del presidente, el reparto presupuestario no se reduce, así que los legisladores pueden inventar cosas nuevas en las que gastar el dinero.
En 1996, cuando un Congreso bajo control Republicano concedió al Presidente Clinton, por ley, un veto selectivo, la intervención de Pat Moynihan en el debate del Senado empezó así: "Albergo la serena confianza en que esta medida está constitucionalmente condenada al fracaso". El Tribunal Supremo demostró el talento profético de Moynihan.
El defecto constitucional de la ley residía en que dotaba al presidente de poder para anular disposiciones concretas de una legislación. Esto violaba la separación de poderes al hacer la actividad del presidente indistinguible de la promulgación de leyes en lugar de ejecutarlas. La Constitución dice que "todo anteproyecto" aprobado por el Congreso será "elevado" al presidente, que "lo" aprobará o "lo" devolverá al legislativo con sus objeciones. Lo que representa el pronombre es el proyecto de ley - todo entero, no las disposiciones del mismo.
Incluso si el Congreso llegara a promulgar la "rescisión expedita" propuesta de Obama (un proceso de rescisión abierto es el que permite a los presidentes recomendar recortes), e incluso si la ley supera la evaluación constitucional, como control del gasto sería inconsecuente. En la práctica, probablemente empeoraría las cosas.
El 62% del gasto federal se destina hoy a las prestaciones sociales (56%) o la servidumbre de la deuda (6%). Ambos representan porciones crecientes de los presupuestos, y ambos son inmunes a cualquier forma de veto. La defensa y la seguridad interior suponen el 21% de los presupuestos y serán inmunes casi por completo. De manera que el objetivo del veto selectivo supondría como mucho el 17% del presupuesto.
¿Qué hay de las partidas extraordinarias? Si cada una de las 9.499 del último ejercicio hubiera sido vetada, esto habría ahorrado 15.900 millones de dólares, o un ridículo 0,45% del gasto.
Además, el código propuesto por Obama alentará a los legisladores a sentirse libres de asignar los fondos de forma aún más irresponsable, porque ello desplaza la responsabilidad a la presidencia. Y los presidentes podrían rechazar vetar proyectos concretos de gasto a cambio del apoyo de los legisladores que auspician esos proyectos en la Cámara a otras cuestiones. Cuando el Congreso concedió a Clinton el veto selectivo en 1996, el año de la reforma social, el Vicepresidente Gore dijo que Clinton se valdría de la promesa de no vetar proyectos de interés personal para influenciar el gasto social.
Los presidentes acusan tener que elegir entre la aceptación o el rechazo integral de enormes anteproyectos de gasto. En 1789, la ley de asignación del Primer Congreso ocupaba 142 palabras; Ronald Reagan defendió un veto selectivo blandiendo un proyecto de ley de 3.296 páginas y 43 libras de peso.
Aunque George Washington reconocía que tenía que "aprobar todas las secciones de un proyecto de ley, o rechazarlo, en bloque", él y la mayoría de los presidentes que le siguieron consideraron las asignaciones tolerantes más que estatutarias. Pero tras el Watergate, el Congreso legisló contra la práctica presidencial del "embargo" -- no gasto -- de los fondos asignados por el Congreso.
Obama probablemente espere que su propuesta desvíe la atención de un surtido de legislaciones de gasto que, en conjunto, constituyen algo cuyo nombre no se atreverá a pronunciar -- Estímulo III -- porque sus predecesores sólo complacieron a la clase política y sus siervos. Tras el Estímulo I de 168.000 millones de dólares aprobado por George Bush en 2008, la administración Obama predijo que su Estímulo II de 787.000 millones de dólares (coste real: 862.000 millones) evitaría que el paro superara la cota del 8%. El paro se sitúa hoy en el 9,9%. De ahí el Estímulo III. Al igual que el Estímulo II, sus ingentes miles de millones de gasto ampliarán el déficit para beneficio desproporcionado de administraciones estatales y locales manirrotas y sus sindicalizados funcionarios.
El año pasado, Obama ordenó a 15 jefes de agencias que encontraran formas de reducir el gasto en 100 millones de dólares en total, que por entonces eran 13 minutos (0,0029%) de gasto federal. Su nueva propuesta de revocación también es del repertorio de frugalidad, y es igual de frívolo.
