El presidente colombiano autorizó este jueves la excarcelación de terroristas de las FARC a cambio de la puesta en libertad de una serie de personas que el grupo terrorista mantiene secuestradas, entre ellas la franco-colombiana y ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, de quien se dice que ha tenido que recibir atención médica de urgencia por su precario estado de salud.
El decreto firmado por Álvaro Uribe el pasado 27 de marzo, el número 880, se sustenta jurídicamente en un artículo de 2005 en virtud del cual el Ejecutivo entiende que se llega a un “acuerdo humanitario” cuando el grupo armado ilegal ponga en libertad a secuestrados. Una vez producida la liberación, el presidente, o el alto comisionado para la Paz, por delegación del gobernante, enviará a las autoridades judiciales competentes los nombres de los presos que pueden recibir el beneficio de la suspensión condicional de la pena.
Según el comisionado para la Paz, Luís Carlos Restrepo, los terroristas pueden estar condenados incluso por crímenes no susceptibles de amnistía o indulto pero, destaco, quienes quieran el beneficio de la suspensión provisional de la pena deberán dejar la violencia. “Automáticamente deben comprometerse a un buen comportamiento, y no volver a delinquir: es un compromiso que se mantiene, básico, propio del Estado de Derecho", aclaró el comisionado de Paz.
En este punto del editorial volvemos a preguntarnos si es acertada la decisión tomada por Uribe para luchar contra el terrorismo. Que un ciudadano como Ingrid Betancourt recupere la libertad tras haber permanecido en cautiverio por la acción de un grupo terrorista es motivo de alegría para quienes amamos la libertad pero ¿es la solución para acabar con un grupo terrorista?, ¿no se está lanzando un mensaje a las FARC de que mientras tengan rehenes podrán seguir negociando la puesta en libertad de sus criminales?
Conviene recordar en estos casos lo ocurrido al concejal del Partido Popular en España, Miguel Ángel Blanco, quién después de unas trágicas horas de secuestro y tortura fue asesinado miserablemente por la banda terrorista ETA, el gobierno del entonces presidente Aznar –también del Partido Popular- no cedió ante el chantaje y las exigencias de la banda asesina. No hubo “acuerdo humanitario” alguno. Un Estado de Derecho no puede negociar políticamente con grupos terroristas, tampoco puede hacer intercambio de presos por rehenes. Si lo hace, siempre estará en las manos de los terroristas, y la libertad en peligro.
